Según el último registro oficial en Bogotá existen cerca de 25 mil recicladores debidamente censados en el programa RURO, Registro Único de Reciclador de Oficio bajo el control de la UAESP, entidad encargada del control y aseo de la ciudad. Hay un modelo que rige y regula una asistencia a los recicladores, pero el problema es cada día mayor, bien sea porque la administración no alcanza a su debido control o que la estadística no es la correcta, porque el panorama de calle es otro diferente al que muestra la administración.
Son pocos los recicladores uniformados, carnetizados y disciplinados que se observan en la ciudad, son más los que en carretas manuales, bicicletas, triciclos a motor y en camionetas, muchas de ellas destartaladas, que esculcan las bolsas de basuras de manera indiscriminada y desordenada, rasgándolas en busca de materiales aprovechables y regando en los andenes desechos contaminantes, atrayendo vectores y roedores, generando microbios, bacterias y atrayendo virus que afectan a la población.
Si bien es cierto que el programa RURO cuenta con 11 estaciones de acopio y algunas organizaciones de recicladores, el problema ha tomado tal dimensión, que la ciudadanía presenta derechos de petición, algunas comunidades se están organizando para entablar acciones populares en contra del Distrito, pues la situación ya se convirtió en desesperada y alarmante.
Haciendo un análisis de la problemática, se puede concluir que el programa de los recicladores que fue realizado con buena intención, importado de ciudades europeas y norteamericanas donde si ha sido exitoso, en Bogotá es un fracaso, primero por la indisciplina e indolencia ciudadana, la gente tira de manera irresponsable desperdicios de todo tipo, escombros, muebles viejos, colchones, residuos de materiales y hasta animales muertos.
No existe una cultura ni autoridad que controle y sancione, la UAESP se limita a enviar unos supervisores que terminan mandando cartas llenas de normas que solo sirven para envolatar a los peticionarios para no hacer nada y no resolver el problema, ellos afirman que hacen lo que pueden, desconociendo muchas veces los videos y fotos que la comunidad envía.
No hay derecho que, a estas alturas de la civilización, Bogotá tenga que soportar esta falta de conciencia humana e irresponsabilidad administrativa, pues pareciera que a la UAESP no le interesara proteger a la ciudadanía que le toca convivir con la porquería y unos recicladores sin respeto, ley ni orden.
Es increíble observar que algunos funcionarios públicos indolentes les interesen más el centímetro normativo que el kilómetro de servicio. La UAESP envió una carta de respuesta a unos peticionarios, donde descaradamente les responden que, como resultado de la inspección, encontraron una situación que no amerita intervención de la administración frente a esta problemática de las calles, que la gente y los recicladores han convertido en un muladar y en muchos casos frente a varios supermercados donde expenden alimentos.
La ciudadanía cree que finalmente solo queda entablar acciones populares, para que las autoridades judiciales actúen como no lo han hecho las administrativas.
Por: Diego Arango Osorio