Una democracia tiende a utilizar de manera adecuada y combinada, tanto la capacidad de concertación, como el brazo armado institucional, dentro del marco de la Constitución.
Tradicionalmente se ha considerado que los Estados manejan las relaciones con otros Estados con una combinación de la diplomacia y la fuerza y hay que decir que con algunas excepciones de países-potencias, en distintos momentos de la historia, lo que ha predominado en los tiempos actuales es la diplomacia para el manejo de los problemas —esto explica el surgimiento pos Segunda Guerra mundial de las Naciones Unidas y el desarrollo posterior de su sistema—; pese a ello siguen dándose casos en los cuales algunos países buscan tratar de resolver contenciosos, acudiendo al uso y con frecuencia del abuso de la fuerza.
En el ámbito interno igualmente los Estados han intentado solucionar sus conflictos, acudiendo a la fuerza y la concertación —podríamos decir la versión interna de la diplomacia—, y especialmente los de naturaleza democrática tienden a privilegiar los aspectos consensuales antes que los coercitivos, más del aprecio de los regímenes de corte autoritario. Eso no significa que las democracias renuncien al uso legítimo y legal de la fuerza institucional, cuando las circunstancias lo exijan, por el contrario, una democracia tiende a utilizar de manera adecuada y combinada, tanto la capacidad de concertación, como el brazo armado institucional, dentro del marco de la Constitución y la ley.
Lo anterior explica los esfuerzos de los últimos presidentes por tratar de encontrar soluciones concertadas al histórico conflicto interno armado, más allá de las discusiones acerca de las bondades de los distintos enfoques metodológicos utilizados. Sin embargo, la tendencia que ha predominado en nuestro país ha sido lo que podemos llamar una “paz a destajo” o una “paz parcelada”, es decir, acuerdos con distintos tipo de organizaciones, pero se continua los enfrentamientos con las otras organizaciones excluidas o autoexcluidas. Ello es parte de lo que explica, desde mi perspectiva, el énfasis que ha tratado de darle el actual gobierno a la paz total, para buscar una terminación de los enfrentamientos armados con todos los actores incursos en el mismo —incluso más allá de la clásica distinción entre actores políticos y actores puramente delincuenciales, que cada vez parece ser más difusa—. Por ello se puede decir que es loable y sin duda compartible, la intención del actual gobierno de buscar la paz total, pero probablemente discutible los procedimientos o acercamientos metodológicos, que podrían llevar a repetir los resultados de los anteriores gobiernos, paz con algunos grupos, es decir más “paz parcelada”.
Y al respecto, uno de los comentarios críticos que se formulan —reconociendo que hay aspectos positivos, como el énfasis en la disminución de la violencia en los territorios—, es el no uso adecuado de la fuerza y la diplomacia, o dicho internamente, de la coerción y el consenso. Se ha señalado con frecuencia que el gran esfuerzo de los equipos negociadores del gobierno, parecen haber estado con precario o inexistente acompañamiento de una política de seguridad regional, que sea la dimensión coercitiva del Estado y hay que decir que nuestra Fuerza Pública tiene toda la competencia para desarrollar esta tarea adecuadamente. Algo parece estar faltando y ello es necesario que se resuelva con prontitud, para el éxito de la política.
Por Alejo Vargas Velásquez -
